Las preocupaciones locales por la seguridad ciudadana han copado, en las dos últimas décadas principalmente, los primeros puestos en las encuestas de opinión sobre las cuestiones que más preocupan a la opinión pública, y han obtenido el tratamiento más espectacular en los medios de comunicación y, por consiguiente, también la prioridad en las agendas políticas de los gobiernos, ya sean estatales, regionales o locales.
Sin embargo serelega, con demasiada frecuencia, el análisis del problema —y, por consiguiente, su debida comprensión–, hasta el punto que, en la práctica, el llamado «problema de la inseguridad ciudadana» se ha convertido en uno de los recursos más utilizados en las batallas políticas (por los votos) y mediáticas (por las audiencias). De esta forma se hace difícil el debate informado y sereno sobre las dimensiones del problema, sus causas y, sobre todo, las soluciones realmente disponibles.
Las políticas públicas de seguridad ciudadana, por supuesto, deben proteger pero no todas las formas de protección contra el delito son aceptables y algunas, incluso, aumentan la inseguridad ciudadana. Es por ello que la gobernabilidad de la seguridad ciudadana, lejos de reducir las libertades y la equidad, debe aspirar a proteger de forma efectiva y sostenida las libertades de todas las personas. |
